Con un peso estratégico clave en la economía española, el sector agroalimentario aporta un valor añadido bruto de más de 111.100 millones de euros, representa en torno al 9.2% del PIB y el 17.5% de las exportaciones de bienes, además de representar el 11.4% del empleo nacional. Estos valores posicionan a España como el tercer país más importante de la industria agroalimentaria de la UE por número de empresas, al concentrar el 10,1% del total de compañías.
Durante estos últimos años, pese al moderado crecimiento del sector, han surgido nuevos retos que han puesto en relieve falta de innovación de las empresas del sector frente a desafíos emergentes como la crisis climática, las tendencias de consumo, el incremento poblacional, la escasez de recursos y derivadas crisis incipientes, como el encarecimiento de las materias primas, la sequía, el aumento de las plagas y la seguridad alimentaria.
Ante estos desafíos surgen tres ejes principales para la perdurabilidad y crecimiento futuro del sector; la digitalización, la sostenibilidad y la transformación energética del sector, está última ligada con la anterior, pero todas ellas sustentadas por un núcleo común, la I+D+i.
En primer lugar, la necesidad de una transformación digital en el sector se ha convertido prácticamente en una obligación, en una sociedad y unos mercados cada vez más digitalizados, esta transformación permitiría a las organizaciones satisfacer de una manera más eficiente las demandas incipientes de los consumidores, así como un aumento de la competitividad y la internacionalización, además, la posibilidad de incorporar tecnologías como la analítica avanzada y la inteligencia artificial permitiría al sector encontrar soluciones a retos emergentes como la gestión del suelo, la sequía y el impacto del cambio climático.
En segundo lugar, es obvia la tendencia de cualquier industria hacía una producción cada vez más sostenible, las exigencias por parte de los mercados y los consumidores de productos sostenibles, así como la aparición de nuevas normativas en materia de sostenibilidad, reducción de emisiones y eficiencia energética, impulsan a la industria a encontrar nuevas soluciones respetuosas con el medio ambiente que implican toda la cadena de valor, desde la producción, hasta el envasado y la logística.
Es por ello que frente a estos retos el sector agroalimentario destina cada vez más recursos económicos a políticas que impliquen I+D+i. Desde la mencionada digitalización, hasta las mejoras genéticas o una gestión sostenible del territorio y los recursos, así como la apuesta por la agricultura de precisión. Entre estas nuevas tecnologías cabe destacar la biotecnología agroalimentaria, también conocida como biotecnología verde, que se asienta como una herramienta de innovación fundamental en el campo agrícola, al aportar un gran abanico de nuevas tecnologías que sentarán las bases para el desarrollo de un sector agroalimentario más productivo y sostenible.
No obstante apostar por la I+D+i desde las empresas del sector es una tarea complicada, ya que el sector agroalimentario español se caracteriza por contar con una estructura empresarial muy atomizada, dominada por empresas pequeñas y con unas empresas grandes menos productivas que sus homólogas europeas. Del total de las empresas, casi el 80% son microempresas con menos de 10 empleados, mientras que las empresas con más de 250 empleados no llegan al 1% del total. No obstante, las empresas grandes aportan el 42% del VAB de la industria agroalimentaria y emplean un 32% de los ocupados. La deducción que sacamos de estos datos es que la mayoría de las empresas del sector (un 80%) al ser microempresas se encuentran totalmente desestructuradas, sin departamentos definidos de innovación y sin perfiles cualificados para llevar a cabo las tareas relacionadas con la digitalización o la I+D+i. Otro problema de las empresas del sector se encuentra en el envejecimiento de su masa productiva, cuya edad media supera los 61 años, siendo este otro de los grandes problemas para que las empresas del sector puedan acceder a financiación para su innovación, ya que los procesos burocráticos para acceder a las ayudas suelen ser complejos y poco accesibles para personas ajenas a estos trámites. A todos estos problemas se suma el poco margen de beneficios de las empresas del sector, que hace muy complejo que estas puedan financiar sus innovaciones con fondos propios, y con la subida de los tipos de interés, acceder a créditos externos para financiar la renovación de maquinaria o comenzar procesos de digitalización se ha vuelto prácticamente inaccesible.
Con unos márgenes de beneficios cada vez más apretados, una subida en los tipos de interés y un impacto ambiental, como la sequía o el cambio climático, cada vez más notorio en el campo, el sector agroalimentario necesita de inyecciones públicas de financiación para acometer sus innovaciones y hacer frente a estos retos. Estas ayudas públicas para el sector agroalimentario, tanto nacionales como europeas, abarcan diversas finalidades desde la pura investigación fundamental de nuevas soluciones a aplicar en el campo agrícola, hasta la compra de nuevos activos, digitalización, proyectos de bioeconomía y economía circular, o la adquisición de terrenos y la construcción de nuevas fábricas de producción.
En Europa estas ayudas provienen principalmente de la Política Agraria Común (PAC) una política europea que apoya al sector primario y garantiza la seguridad alimentaria. En el nuevo marco de la PAC para el período 2023-2027, las ayudas están centradas en los jóvenes agricultores (con una reserva de 230 millones aproximadamente), un presupuesto anual de 582 millones para programas sectoriales (frutas y hortalizas, vino, apicultura) y 1.762 millones para las medidas de desarrollo rural. El Plan Estratégico Nacional para la PAC en España durante el periodo 2023-2027, tiene como objetivo el desarrollo sostenible de la agricultura, la alimentación y las zonas rurales para garantizar la seguridad alimentaria de la sociedad a través de un sector competitivo y un medio rural vivo. Se prevé destinar más de 7.200 millones de euros a los agricultores y ganaderos españoles a través de tres tipos de ayudas: Ayudas a la renta mediante pagos directos (4.875 millones de euros), medidas de mercado o programas sectoriales (582 millones de euros) y programas para el desarrollo rural (1.762 millones de euros). Los agricultores también pueden recibir ayudas a través del clúster de Horizonte Europa sobre Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente.
A nivel nacional, cabe destacar la apuesta del gobierno a través del PERTE Agroalimentario centrado en los dos grandes ejes del fondo europeo Next Generation EU: la digitalización con la dotación de herramientas para impulsar el comercio electrónico, y la sostenibilidad con abastecimientos de energías renovables y la alineación con el Green Deal. A través de este PERTE, con un impacto mínimo de 3.000 millones de euros en la contabilidad nacional y con la creación de 16.000 nuevos puestos de trabajo, según estima el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se pretende modernizar el sector y hacerlo más resistente a los futuros cambios derivados de las posibles crisis venideras. Además, el conjunto de las administraciones públicas nacionales y autonómicas, a través de sus propios departamentos, o los agentes y agencias de desarrollo empresarial e innovación, publican de manera anual ayudas para el sector agroalimentario en forma de subvenciones o préstamos.
Una vez analizado el entramado público de las ayudas al sector agroalimentario nos surge una pregunta, ¿son estas ayudas suficientes para afrontar los retos venideros del sector? La respuesta es más compleja de lo que parece, si bien es cierto que se está realizando un esfuerzo a nivel nacional y por parte de Europa para ayudar a las pymes del sector, con paquetes de ayudas para su digitalización, el apoyo a los jóvenes agricultores, propuestas para cambio climático, sequía, gestión del agua y el suelo, etc., también es cierto que muchas de estas ayudas se quedan cortas, no están bien definidas o se enmarcan en líneas de ayudas muy amplias donde convergen otros sectores. Un ejemplo son las ayudas al Kit Digital, unas ayudas muy conocidas a nivel nacional cuyo objetivo es subvencionar la implantación de soluciones digitales en las pymes, una tipología de ayuda que por su diseño y objetivo encajaría a la perfección para la modernización y la digitalización del sector, pero donde convergen todos los sectores del mercado, y que podría contar con un presupuesto reservado o su propia convocatoria para empresas agroalimentarias. Otro ejemplo de ayudas podrían ser las ACTIVA FINANCIACIÓN o ACTIVA INDUSTRIA 4.0, centradas en promover soluciones de transformación digital de las empresas industriales, que podrían contar igualmente con un presupuesto reservado a empresas del sector. Otro problema a nivel de financiación reside en la diferencia de las comunidades autónomas a la hora de invertir sus fondos en ayudas para el sector, actualmente es un problema latente que ciertas autonomías destinan más fondos para ayudas del sector que otras, existiendo una diferenciación clara entre las líneas de financiación, los presupuestos y el destino de las ayudas, provocando una brecha entre las propias empresas del sector y los fondos a los que pueden acceder. Pero no todo es malo, es cierto que existen determinadas ayudas con un buen diseño y que pueden ayudar al sector, como por ejemplo las ayudas para la renovación de la maquinaria agrícola o los programas de grupos operativos supra autonómicos.
En conclusión, es necesario seguir apostando por la innovación en el sector agroalimentario, tanto en nuevas tecnologías, como en nuevos modelos de agricultura sostenible, con el objetivo no solo de que el sector siga siendo una pieza clave de la economía española, si no también para que nuestras empresas sean un referente a nivel internacional. Y para ello no es suficiente con las ayudas públicas que encontramos actualmente, si no que es necesario seguir trabajando por mejorar el marco de las empresas del sector, a través de ayudas más directas para los jóvenes agricultores, mejorar el marco fiscal de las micro y pequeñas empresas del sector, reservar presupuestos mayores para ayudas sectoriales y trabajar en una estrategia conjunta entre las comunidades autónomas para brindar un mayor apoyo a las empresas del sector, en forma de subvenciones, ayudas al empleo e incentivos.
A continuación podéis encontrar un listado de las ayudas abiertas a nivel nacional y autonómico para el sector agroalimentario:
https://innovating.works/busqueda/ingenieria-consultoria-molina-y-vila/ayudas-sector-agroalimentario
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Daniel Claudio es graduado en ciencias experimentales con máster en biotecnología de la salud por el CESIF. Tiene más de 5 años de experiencia en la financiación de la I+D+i a nivel nacional y europeo.