La nueva ley de Startups: una nueva oportunidad perdida para el marco innovador nacional.

El sistema de incentivos a la I+D+i en España se ha actualizado hace muy poco con la nueva ley de Startups. Pero se queda muy lejos de lo necesario si hacemos un repaso a la situación global del marco legislativo.

La nueva ley de startups es un golpe de aire fresco para el sector emprendedor Español. Ya en primera instancia la definición de startup nos ayuda a poder diferenciar entre éstas y cualquier otra empresa incipiente.

Las mejoras incorporadas van dirigidas tanto a desgravaciones para inversiones, reducción de impuestos e incluso aplazamiento de pagos de los mismos o mejoras en el trámite de financiación pública.

La nueva ley de startups nos recuerda un poco al ya conocido «Sello pyme innovadora» (SPI) que se legisló en el 2014; define una categoría especial de empresa y genera una serie de beneficios.

Pese a que el SPI pasó sin pena ni gloria por las portadas de los periódicos en su día, genera una de las mejores ventajas fiscales que hemos tenido en España en los últimos 15 años para las pymes: deducir y bonificar al mismo tiempo los gastos en personal dedicado a I+D+i. Y lo mejor, se puede conseguir sin proceso de certificación.

Si tenemos en cuenta que la mayoría de compañías con este sello realizan innovación tecnológica y tienen 2-3 personas dedicadas a bonificarse, el ahorro en cada una de estos perfiles es de, como mínimo, un 12% de deducción sobre coste + 40% de bonificación en las aportaciones empresariales de las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes.

Por desgracia el sello ha quedado muy tocado con los nuevos cambios que se han introducido en las bonificaciones de personal investigador y que no sólo van a afectar al SPI si no también a cualquier Startup.

Con lo cual, el Gobierno realiza un ejercicio muy interesante con la nueva ley de startup, pero reduce las bonificaciones de personal investigador. Efecto negativo tanto para la pyme, la pyme innovadora y la propia Startup, justo en la partida de gastos más problemática: personal investigador.

Y es justo ahora, con la inflacción tocando a la puerta, y con el importante incremento en sueldos en sectores como el software cuando deberíamos de estar manteniendo otro tipo de políticas.

Políticas como el incremento de la emisión de informes motivados en ayudas públicas enfocadas a las Startups o las pyme por proyectos innovadores: Cualquier línea de ENISA, CDTI Linea innovación… no tienen este beneficio y es bastante sorprendente.

Esta política está restringida a proyectos de I+D y no en todas las líneas de financiación nacionales.

Justo la emisión de estos informes motivados en Innovación tecnológica (It) ayudaría a la emisión del certificado de Startup y al de Sello Pyme innovadora y permitiría a estas compañías deducir por Innovación tecnológica con alta seguridad fiscal y, lo más importante, permitiría a las pymes y a estas startups obtener el derecho a monetizar estas inversiones. Lo que no es sólo interesante a nivel de cashflow si no también como crédito fiscal interesante para futuras estrategias de tax-balance.

Una lástima, haberse dejado estos cambios en el tintero ya que ahora, estas compañías deben de realizar un gasto adicional en certificación con el consecuente tiempo de gestión que eso conlleva.

Justo este tipo de diseños y políticas generan una alta desventaja competitiva ya que añaden un coste de burocracia innecesaria en empresas poco estructuradas con 3-4 personas. Y es curioso este fallo en diseño, ya que justo esto es lo mejor que se diseñó en el SPI: poder conseguir ser «pyme innovadora» sin certificar, sólo con un trámite automático digital.

Sorprende que en el diseño de este entramado de definiciones y legislación hayan dejado fuera este detalle que, además, es ridículo en las partidas presupuestarias y que hubiera ofrecido una muy alta consistencia al diseño final de un marco fiscal que, ahora mismo, queda bastante cojo.

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